Por Redacción Caribe Insider
Estadísticas oficiales indican que desde 1980, ocho países en el Caribe han sufrido algún evento catastrófico con un impacto económico mayor al 50 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) anual, con detrimento no solo de instituciones estatales, instalaciones turísticas, centros educacionales y de sanidad pública, carreteras, redes eléctricas y telefónicas, cultivos, sino también de viviendas y pérdidas de vidas humanas.
Huracanes, tormentas tropicales severas, sismos, inundaciones, entre otros fenómenos meteorológicos conllevaron a que expertos, mandatarios y organizaciones de diversa índole nacional o internacional hayan tomado gran interés en la búsqueda de soluciones más sólidas con el fin de que los pequeños estados insulares del Caribe y naciones de América Latina puedan hacerse más resilientes y sostenibles ante tales fenómenos, pues para las próximas décadas se esperan cambios climáticos de mayor incidencia.
Cuando delegaciones caribeñas se reunieron con sus socios internacionales durante los encuentros anuales del Grupo del Banco Mundial-FMI, uno de los principales mensajes fue que desastres como los ocurridos en Estados del Caribe y América Latina pueden llegar a servir para pensar en lo decisivo que es construir con más resiliencia y planificación de cara a un futuro sostenible.
Roosevelt Skerrit, primer ministro de Dominica, compartió su visión de cómo su país puede convertirse en la primera nación resiliente ante el clima en el mundo: “No tenemos opción, tenemos que hacerlo, porque no podemos reubicar nuestra isla, esta siempre estará en la zona de trayectoria de los huracanes”, reconoció.
Con anterioridad, el primer ministro de Granada, Keith Mitchell, recordó cómo su país decidió reconstruir mejor luego del huracán Iván en 2004 y aseveró: “Cuando tengamos una crisis, no la desaprovechemos”.
A medida que Dominica y las demás islas establecían sus prioridades en torno a la reconstrucción de una resiliencia económica y social, desde el Banco Mundial se hizo un llamado a movilizar fuentes innovadoras de financiamiento de riesgo y a revisar la política en torno al financiamiento concesional para aquellos pequeños estados afectados por estos fenómenos.
Pero igualmente, no hay que olvidar que en la última década, el PNUD ha invertido cerca de 300 millones de dólares en preparación ante desastres en América Latina y el Caribe, trabajando con gobiernos a nivel nacional y local, así como con comunidades. En 2017 asignó más de 2 millones de dólares para la respuesta a las crisis y la preparación en la región, desplegando casi 100 funcionarios para prestar apoyo inmediato en países afectados.
La reconstrucción tras el paso de los huracanes Irma y María el pasado año y más recientemente la tormenta subtropical Alberto en 2018 representan una oportunidad para trabajar en función de restañar daños pero con mejores infraestructuras, al crear edificaciones capaces de resistir vientos fuertes, así como caminos, puentes y redes eléctricas lo suficientemente sólidas para hacer frente a tales adversidades climatológicas.
En el caso de las pequeñas economías caribeñas, ya agobiadas por una gran vulnerabilidad, bajo crecimiento y deuda elevada, es importante pensar en otras fuentes de financiamiento, incluidas herramientas innovadoras de financiamiento de riesgo para gestionar mejor los desafíos fiscales y contar con aportes del sector privado en la búsqueda de soluciones.
En tanto los países insulares del Caribe y naciones de América Latina se enfocan en reconstruir de forma más resistente los estragos motivados por fenómenos atmosféricos, se vuelve también una oportunidad para convertirse en nuevos referentes mundiales de la resiliencia y la adaptación al clima.
Especialistas en el tema indican que cada vez tiene mayor importancia la habilidad de un país para ajustarse a esos cambios o aprovechar las oportunidades que les ofrecen.
Y lo anterior se traduce en no solo ayudar a diseñar e implementar mejores códigos de construcción; mejorar el sistema de advertencia temprana, y fortalecer el sistema de repuesta a las emergencias, sino que significa también implementar estrategias de adaptación como reforestación y la construcción de muros para contener las mareas, así como forjar una economía más fuerte, para que el país pueda contar con un respaldo cuando se produce un desastre natural en lugar de tener que depender fundamentalmente de las donaciones, que no siempre llegan en el momento ni en la cuantía en que han sido prometidas.
De acuerdo con estudios de la realidad que afrontan los pueblos de la referida área geográfica, a Haití se le cataloga como el país con las menores expectativas de capacidad adaptativa de toda la región, conforme hace esfuerzos ingentes por reconstituir la estructura gubernamental y las operaciones nacionales, después de un ciclo recurrente de desastres naturales y devastación.
Recordemos el devastador terremoto que azotó al pueblo haitiano en 2010, causando más de 220 mil muertos y dejando a más de 1 millón de personas sin hogar.
Si bien numerosos gobiernos y organizaciones multilaterales se reunieron en Nueva York y prometieron aportar diez mil millones de dólares en ayuda y emergencia a largo plazo, todavía hoy existen personas que no tienen hogar, lugares que muestran las huellas del sismo, lo cual fue agravado por el huracán Matthew que dejó 900 muertos y derribó más de 90 por ciento de los hogares en la zona, al tiempo que arrasó con cultivos y ganado.
Sin embargo hay otras naciones del área, tales como Chile, Uruguay, México y Brasil con mejores capacidades técnicas y economías más diversas, de ahí que enfrentan menores riesgos de capacidad adaptativa. En el caso de Cuba, la experiencia en el enfrentamiento a ese tipo de fenómenos es un referente apreciado a nivel internacional, sobre todo al realizar una labor previa a la ocurrencia del suceso, evacuando a poblaciones vulnerables y manteniendo informada constantemente a la ciudadanía.
